La Comisión Europea ha determinado que el laudo arbitral que obligaba a España a indemnizar a Antin con 101 millones de euros por la modificación de las ayudas a las energías renovables en 2013 es ilegal, al considerarlo una ayuda de Estado incompatible con la normativa comunitaria. En consecuencia, ha ordenado a España que no realice ningún pago ni permita su ejecución en terceros países. 452u45

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha celebrado la desición de Bruselas, puesto que  se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno. La decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis.

Una decisión clave en los arbitrajes sobre renovables 1z2f34

El Ejecutivo comunitario ha llevado a cabo una investigación en profundidad sobre el caso Antin, que se originó tras la decisión del Gobierno español en 2013 de modificar el régimen de apoyo a las energías renovables establecido en 2007. Antin, que había invertido en instalaciones beneficiarias de este régimen, presentó una demanda ante un tribunal de arbitraje alegando perjuicios económicos. En 2018, el tribunal falló a favor de la firma luxemburguesa, condenando a España al pago de 101 millones de euros más intereses.

Sin embargo, la Comisión ha concluido que dicho laudo constituye una ayuda de Estado no autorizada y, por tanto, ilegal. En su resolución, recuerda que los jueces nacionales deben colaborar para impedir su ejecución y evitar el reconocimiento del fallo en terceros países.

Impacto en la estrategia legal de España h695e

Esta decisión representa un respaldo a la posición del Gobierno español, que ha basado su defensa en la incompatibilidad de los arbitrajes intraeuropeos con el derecho de la Unión Europea. El TJUE ha establecido en casos como Achmea (2018) y Komstroy (2021) que los mecanismos de resolución de disputas inversor-Estado entre países de la UE violan la autonomía del ordenamiento jurídico europeo.

A pesar de que en octubre de 2024 el Tribunal de Apelación del Reino Unido desestimó la apelación española y confirmó la obligación de pago, la decisión de la Comisión fortalece la estrategia de España para oponerse a la ejecución de estos laudos en jurisdicciones extranjeras.

Contexto de los arbitrajes contra España 733h6i

España ha sido objeto de múltiples demandas arbitrales bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por los recortes a las primas a las renovables, con reclamaciones que suman más de 10.600 millones de euros. De los 51 arbitrajes presentados, 43 han sido fallados, con 10 victorias para España, 3 laudos anulados y varios desistimientos. Gracias a su estrategia de defensa, el Estado ha conseguido reducir un 85% el monto de las indemnizaciones inicialmente reclamadas. Los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas: las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.514 millones.

La decisión de Bruselas podría tener un impacto significativo en los litigios pendientes y en las reclamaciones de fondos buitre que han adquirido derechos sobre estos laudos. En febrero de 2025, un tribunal holandés falló que dos empresas que vendieron sus derechos de cobro deberán indemnizar a España si la Comisión considera los laudos como ayuda de Estado.

Con esta decisión, la Comisión Europea deja claro que el pago de indemnizaciones derivadas de arbitrajes intraeuropeos vulnera la legislación comunitaria. España podrá invocar este criterio en los litigios internacionales en curso y continuar su estrategia de defensa para evitar el pago de compensaciones que considera ilegales.