España sigue consolidándose como líder en la transición hacia un modelo energético más limpio y renovable. Con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), el país refuerza su compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad, al mismo tiempo que da pasos importantes hacia una transición justa que beneficie a todos, especialmente a las comunidades más vulnerables. 2u4b2d

El PNIEC incluye medidas clave para apoyar a los consumidores vulnerables, generar impactos positivos en los territorios rurales y asegurar que la transición sea inclusiva, con un enfoque de género. Además, busca impulsar el desarrollo de renovables sin dañar la biodiversidad y refuerza el Fondo de Transición Justa para apoyar a las regiones más afectadas por este cambio hacia un modelo de energías limpias.

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) tiene un papel fundamental en todo este proceso. Su trabajo no solo se centra en las infraestructuras energéticas, sino también en activar proyectos que generen empleo de calidad, apoyen la formación y fomenten el desarrollo económico en las zonas que han dependido históricamente de industrias más contaminantes.

En esta entrevista exclusiva, Judith Carreras, directora general del ITJ, nos explica cómo están asegurando que la transición energética sea un motor de desarrollo inclusivo y no deje atrás a las comunidades más vulnerables.

Review Energy (R.E.): ¿Cómo se asegura el Instituto para la Transición Justa de que la transición energética no agrave las desigualdades sociales y económicas, especialmente en las comunidades más vulnerables?

Judith Carreras (J.C.): España considera que la transición justa es uno de los tres ejes principales del Marco Estratégico de Energía y Clima, junto con la mitigación y la adaptación. Nuestra Ley de cambio climático y transición energética incorpora la obligación de aprobar estrategias de transición justa cada cinco años –es un caso único en el mundo– con el objetivo de garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y a los territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, como las zonas ligadas a la explotación del carbón.

R.E.: ¿Qué estrategias está implementando el Instituto para la Transición Justa en España para garantizar que la transición energética no solo impulse la inversión en energías renovables, sino que también genere una amplia variedad de empleos de calidad y accesibles para todos?

J.C.: El ITJ, con fondos propios y fondos europeos –ejercemos la interlocución del país ante las autoridades de Bruselas–, desarrolla numerosas actuaciones en las zonas de transición justa. Estas incluyen líneas de ayudas para proyectos empresariales, programas de formación, restauraciones ambientales, concursos de a la red para instalaciones de renovables y almacenamiento, actividades culturales… Además, en los procesos de concurrencia competitiva para adjudicar las ayudas o el a la red, introducimos criterios que exigen la creación de empleo y actividad socioeconómica locales. Desde que comenzamos, hemos activado proyectos que han catalizado una inversión que supera los 7.000 millones de euros.

R.E.: ¿Qué medidas está adoptando el Instituto para abordar las tensiones entre los intereses locales, nacionales y empresariales en la expansión de las energías renovables, y cómo pueden alinearse estos intereses para maximizar el impacto positivo tanto en las comunidades como en el país en su conjunto?

J.C.: La actividad del ITJ se circunscribe a las Zonas de Transición Justa, que incluyen cerca de 200 municipios de Asturias, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia. Para el desarrollo de las actuaciones, hemos firmado Protocolos con los territorios y organizamos comisiones bilaterales de seguimiento con las CCAA para facilitar la cooperación entre istraciones. En cuanto a la expansión de las renovables, los concursos de transición justa para obtener el a la red eléctrica incluyen criterios socioeconómicos que priman el desarrollo local, asegurando que estos territorios sean los primeros beneficiados de su implantación.

R.E.: ¿Cuál es el papel de los sindicatos y las organizaciones sociales en el proceso de transición energética, y cómo están siendo integrados en el diseño y la implementación de las políticas energéticas?

J.C.: España es un caso único también en esto, ya que los agentes sociales participan en el proceso desde etapas tempranas. En abril de 2020 se firmó el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre, con las empresas propietarias, los sindicatos y el Gobierno. Este acuerdo incluye medidas para la recolocación de trabajadores, formación y la búsqueda de actividades industriales alternativas para las zonas afectadas. Además, tenemos reuniones periódicas con los sindicatos y otros agentes locales para dar seguimiento a los compromisos y trabajar en nuevas propuestas y soluciones.

R.E.: ¿Cómo se planea asegurar que la transición hacia las energías renovables sea inclusiva, garantizando igual a las oportunidades para mujeres, colectivos vulnerables y comunidades rurales, que históricamente han estado marginadas en los procesos de desarrollo energético?

J.C.: En nuestras actuaciones, nos guiamos por criterios que no solo son económicos, sino que también tienen en cuenta externalidades positivas. Por ejemplo, a la hora de concursar en alguna de las líneas de apoyo del ITJ, puntúan más los proyectos con perspectiva de género y participación de mujeres. Además, muchas de las zonas de transición justa son rurales, por lo que nuestras acciones también contribuyen a combatir la despoblación. También existen líneas de ayuda en el área de energía que otorgan preferencia a los proyectos en zonas de transición justa.

R.E.: El desarrollo de la energía eólica en Galicia ha enfrentado diversos desafíos en el último año. ¿Cómo valora el Gobierno estos obstáculos y qué impacto cree que pueden tener en la producción de energía eólica a nivel nacional?

J.C.: En lo que afecta al ITJ, tenemos proyectos clave alrededor del cierre de las centrales de As Pontes y Meirama. De hecho, el concurso del nudo de transición justa de Meirama es uno de los últimos que hemos convocado, con 408 MW de potencia. Creemos que es posible un desarrollo ordenado y eficiente de la eólica y otras energías renovables que beneficie a todos, no solo en términos de reducción de los precios de la electricidad, sino también por su contribución a la prevención del calentamiento global y sus numerosas externalidades positivas, como la creación de empleo y el desarrollo local.