El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador llevó a cabo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, presentado por el gobierno como un proyecto urgente en materia económica.  1p1s2c

Una de las principales propuestas del proyecto del Ejecutivo es ampliar la participación privada en proyectos de hasta 100 MW, una capacidad previamente limitada a 10 MW por la Ley No Más Apagones. Este ajuste permitiría un mayor desarrollo de proyectos de energías renovables, ayudando a mitigar la crisis energética. 

La nueva ley agregaría artículos a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para incentivar el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional (ERNC), procesos públicos de selección, y autorizaría a las distribuidoras a firmar acuerdos de compra de energía con generadoras privadas. 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, Valentina Centeno, hizo hincapié en la necesidad de abrir nuevos espacios para la inversión privada en el sector energético y proporcionarles un marco legar adecuado.  

Centeno argumentó que la crisis energética actual se debe a la falta de inversión pública y que un marco normativo adecuado para la inversión privada podría ser una solución complementaria. 

Además, indicó que el déficit de generación eléctrica hace que Ecuador dependa de la hidroelectricidad en un 73 %, lo que provoca que el país sea vulnerable a las lluvias y a las condiciones climáticas. 

La normativa incorpora la posibilidad de concesionar a empresas privadas o de la economía popular y solidaria la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios previstos en el Plan Maestro de Electricidad (PME). 

En el debate intervinieron 25 legisladores. Los que apoyan el proyecto dijeron que la normativa dotará de seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera; a la vez, permitirá ampliar la capacidad instalada de generación energética, con la participación del sector privado, particularmente en lo concerniente a proyectos de energía de transición. 

Por su parte, las voces contrarias a este proyecto fueron críticas en relación con la falta de inversión e impulso a los proyectos contemplados en el PME por parte del gobierno. Lo que se busca, señalaron, es facilitar la concesión de las generadoras al sector privado, en lugar de fortalecer la inversión pública en el campo energético, lo que redundará en un incremento de las tarifas eléctricas, con un grave perjuicio para la ciudadanía. 

Tras el cierre del debate, la presidenta de la Asamblea dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico, para que se sistematicen las observaciones formuladas en el Pleno y se redacte el respectivo informe para el segundo debate.